Archive for the ‘Colombia’ Category

Alejandro Gaviria

http://www.universocentro.com/NUMERO32/Delamulaalavion.aspx

Entre las tres portadas de la revista Time, la primera que anuncia la guerra global a la heroína, la segunda que reporta la primacía de Colombia en el tráfico de droga y la tercera que informa sobre la creciente popularidad de la cocaína, apenas pasaron diez años. La primera fue publicada en septiembre de 1972, la segunda en enero de 1979 y la tercera en julio de 1981. En estos diez años, los narcotraficantes colombianos se consolidaron como los principales exportadores de cocaína a los Estados Unidos. La historia empresarial en cuestión contiene varias sorpresas.

La guerra contra las drogas, que comenzó en 1971, disminuyó de manera sustancial la oferta de heroína en el mercado de los Estados Unidos. Paradójicamente la menor disponibilidad de heroína incrementó la demanda por cocaína, multiplicó el número de consumidores de una droga por entonces marginal, casi desconocida. La mayor demanda impulsó el tráfico del alcaloide, puso en movimiento un prospero negocio de exportación. Pero los primeros traficantes fueron, por decirlo de alguna manera, aficionados, empresarios de ocasión: hippies con ganas de plata, diplomáticos ambiciosos, amas de casa desesperadas, en fin, mulas de todos los pelambres.

En mayo de 1974, en uno de sus primeros informes sobre el tráfico de cocaína, El Tiempo reportó el arresto en el aeropuerto El Dorado de varios norteamericanos, argentinos, chilenos, italianos y venezolanos que intentaban embarcarse con cocaína hacia los Estados Unidos. Los traficantes de la época llegaban a Colombia por unos días, compraban la droga en Leticia o en alguna otra ciudad fronteriza y salían literalmente cargados con cocaína. Los colombianos eran un grupo más entre muchos otros grupos de diversas nacionalidades. “En el mapa mundial del trafico de drogas, Colombia es uno de los tres o cuatro países más importantes”, informó el mismo diario El Tiempo por la misma época.Pero los colombianos fueron los primeros en innovar en el transporte y la distribución de cocaína. La flota Grancolombiana, que había servido para transportar el café, apoyó (involuntariamente digamos) este nuevo reglón de exportación. A mediados de los años setenta, un agente de la DEA señaló sin rodeos que “uno de los problemas grandes es que mucha droga viene en la flota Grancolombiana, cuyo dueño es el gobierno colombiano”. El gobierno no estaba en el negocio por supuesto. Pero no tenía ni los medios (ni la intención) de impedirlo.

Los colombianos prevalecieron por cuenta de dos innovaciones complementarias: el uso de aviones cargueros y el reclutamiento de sus compatriotas inmigrantes para la distribución de la droga en las ciudades gringas.

“Los narcotraficantes usan aviones remodelados de la Segunda Guerra Mundial debido a que son baratos, tienen amplio espacio de carga y tienen llantas largas, muy útiles para aterrizar en pistas de tierra”, dijo otro agente de la DEA, experto en las lides del negocio. Por varios años, las Bahamas ofrecieron una estación transitoria (y providencial) en el camino definitivo hacia las costas de la Florida y Georgia. Entre 1978 y 1982, buena parte de la cocaína exportada por los ya prósperos traficantes colombianos pasó por cayo Norman, la famosa isla Carlos Ledher que revolucionó por siempre el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.

A comienzos de los años ochenta, Jackson Heigths en Nueva York, ya era el epicentro del negocio. “El tráfico de cocaína está cada vez más controlado por los colombianos. Muchos viven en Queens y controlan el mercado al comienzo y al final, ya sacaron del negocio a casi todos sus competidores”, dijo otro agente de la DEA, dedicado también al análisis empresarial. Pero la historia más interesante es quizá la de Central Falls, Rhode Island, un pequeño pueblo en el extremo nororiental de Estados Unidos. Desde 1980, la policía empezó a notar los primeros signos de opulencia. El pueblo se llenó de vehículos particulares con placas de Florida, Nueva York e Illinois. Las personas con ropa lujosa y joyas se convirtieron en una presencia habitual. Con el tiempo, la policía resolvió el misterio de aquella prosperidad súbita y sospechosa: Central Falls se había convertido en el centro del tráfico de cocaína de Nueva Inglaterra. Desde los años sesenta, muchos colombianos, casi todos provenientes de Medellín, habían migrado a Central Falls para trabajar en las centenarias textileras del pueblo. Estos migrantes fueron claves en la consolidación de las redes de distribución de la droga. Los negocios de alto riesgo necesitan de lealtades lingüísticas y culturales. En 1985, una tercera parte de los habitantes de Central Falls eran colombianos. Por entonces ya no todos trabajaban en la industria textil.

La consolidación de Colombia como el primer exportador de cocaína cambió para siempre la historia contemporánea del país. Disparó la violencia, corrompió la política, debilitó las instituciones, “rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas”, etc. Resulta paradójico (o incluso trágico) que toda esta historia hubiese comenzado como un éxito de logística, como una exitosa operación de transporte y distribución. En Central Falls, Jackson Heigths y otros enclaves colombianos se definió parcialmente la historia reciente de este país. UC

Advertisements

Tikuna Arte Precolombino E:U:

Posted: April 15, 2012 in Colombia

Tikuna Arte Precolombiano E.U. es una empresa que cuenta con el sello personal deOlga Patricia Acosta Casallas, su nombre y empresa han trascendido allende nuestras froneras, su diseños basados en las tecnicas y expresiones de nuestros antepasados precolombinos, marca la identidad colombiana, Es por eso que sus diseños han vestido las Señoritas Colombia que han participado en MIss Universo. en la Foto Patricia posa con la portada de la revista que muestra a la Señorita Colomba Natalia Navarro luciendo un diseño de Tikuna arte precolombino que vistió para el desfile de trajes típicos en el pasado concurso de Miss Universo. La Casona del Museo invita a visitar el stand 546, nivel 2, del pabellón 6 en la XX Expoartesanías, también pueden visitar su pagina web: http://www.tikunaprecolombino.com

Bogotá
Bogotá Carrera 49 No 141 – 27 Bodega piso 2
Teléfono: (1) 6251130
Fax: (1) 6251130
Celular: 312 5921957
Joyería de réplicas precolombinas: collares, pulseras, aretes y dijes

Fact Sheet
BUREAU OF WESTERN HEMISPHERE AFFAIRS
April 14, 2012

 

Building on Progress

From FY 2000 through FY 2011, the United States provided more than $8 billion for Plan Colombia and its follow-on programs. Our programs have provided training, equipment, and funding to the Government of Colombia, civil society, international organizations, and non-government organizations (NGOs) in many areas: counternarcotics and counterterrorism; alternative development; law enforcement; institutional strengthening; judicial reform; human rights and labor rights; social inclusion; humanitarian assistance for displaced persons and victims of the war; local governance; conflict management and peace promotion; demobilization and reintegration of ex-combatants, including child soldiers; humanitarian de-mining; and preservation of the environment.

In the 13 years since the United States began supporting Plan Colombia and subsequent initiatives, Colombia has made significant advances on security. Major achievements include a reduction of 90 percent in kidnappings and terrorist attacks, and a 45 percent reduction in homicides. Moreover, estimated cocaine production potential has been reduced by 61 percent since 2001.

Colombia’s National Consolidation Plan (PNC) Addresses Continuing Challenges

Colombia’s major security gains will only be lasting, however, if they are followed by a permanent state presence in vulnerable areas where illegal armed groups continue to operate and influence communities, to include minimal conditions of public safety, followed by the expansion of basic social services and economic development.

To achieve this objective, President Juan Manuel Santos revised Colombia’s National Consolidation Plan (PNC) in his first year in office, making it the backbone of Colombian regional development and reform programs. The PNC’s whole-of-government approach is designed to expand state presence into vulnerable areas where poverty, absence of rule of law, illegal armed group activity, drug trafficking and cultivation, recognized ethnic territory disputes, and human rights violations are most pronounced.

U.S. Government Lends Support through CSDI

We support Colombia’s efforts through the Colombia Strategic Development Initiative (CSDI), an inter-agency approach that provides U.S. assistance across a full spectrum of activities: eradication and interdiction; capacity-building of the national police, military, and prosecutor units; strengthening state institutions at the local level; creation of viable economic options for communities, particularly in the agricultural sector; support for land reform and victims’ reparations, and assistance to vulnerable populations, including women, indigenous peoples, and Afro-Colombians and persons with disabilities.

Through CSDI, the United States coordinates assistance from USAID (the lead agency in joint consolidation operations), the State Department’s Narcotics Affairs Section, the United States Military Group, and the Department of Justice in 33 municipalities in five consolidation regions: Meta, Tumaco, Nudo del Paramillo (Antioquia and southern Córdoba), southern Tolima, and Montes de María. The U.S. Government also supports Colombian state efforts in other strategic areas, as needed.

Colombia Increasingly Shares Expertise in Regional Programs

Our support to Colombia has paid dividends within Latin America as Colombia shares its growing expertise throughout the region and globally.

• Over the past three years, Colombia has trained over 11,000 police officers from 21 Latin American and African countries, as well as Afghanistan.

• Colombia’s security assistance in the region also includes training programs and exchanges with Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Haiti, Peru, and Paraguay.

• Several Latin American countries have invited Colombia’s PNC coordinating body to share lessons learned on the civilian-led introduction of state services and rule of law into areas where the state is weak.

• Colombia is also showcasing its progress and regional leadership by hosting the April 13-15 Summit of the Americas, and through its key contributions as a non-permanent member of the UN Security Council.

 


Foto: Cortesía. En el mapa de la izquierda se puede ver en rojo la cantidad de bosque que ya desapareció. La zona con el número 3 (Pacífico), es la más crítica. En la figura de la derecha se muestran los nuevos cultivos de coca que se registraron entre 2002 y 2007.

MEDIO AMBIENTESegún un estudio de la U. Stony Brook de Nueva York, hay una acelerada deforestación en el norte de los Andes, en el Pacífico y en los bosques amazónicos. En cinco años se perdieron 35.121 km cuadrados.
Martes 22 Febrero 2011
Desde hace diez años la investigadora colombiana Liliana Dávalos quería comprobar si existía una relación directa entre los cultivos de coca y la deforestación en los alrededores a éstos. Con el análisis que realizó con su equipo no sólo comprobó su teoría, sino que encontró un triste panorama: Colombia perdió en bosques el equivalente a dos veces y medio el tamaño de la isla de Jamaica. La siembra de coca, una de las causas.

La pérdida en biodiversidad es incalculable e irremplazable, en especial en los bosques del Pacífico, de la zona centro y del sur del país. Lo lamentable, según Dávalos, es que el número de kilómetros cuadrados de bosque perdido puede ser mayor si se tiene en cuenta que la investigación se concentró sólo en los años 2002 y 2007.

La base del estudio de los investigadores del departamento de Ecología y Evolución de la Universidad Stony Brook de Nueva York es el censo de nuevos cultivos ilícitos que elabora desde el año 2002 el SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos).

Al comparar el mapa de nuevos sembrados de coca, estos coinciden con las zonas en donde más se han perdido bosques en esos cinco años. Las dinámicas económicas y sociales que genera en el entorno un nuevo cultivo ilícito atrae la inmigración de personas en busca de nuevas oportunidades y con ella se activan otras actividades económicas que llevan a la tala de árboles.

“Lo que nosotros establecimos es que existe esa relación: que cuando más gente migra es cuando más deforestación hay, pero eso solamente ocurre en los municipios en donde se está presentando nueva coca”, le dijo a Semana.com la directora de la investigación.

El caso más crítico está en el Pacífico. “En el sur encontramos ese efecto fuerte en el cual la cercanía a la coca y la cantidad de coca que hay en el espacio es un factor importante que aumenta la probabilidad de deforestación”, explica Dávalos.

Para la experta, es claro que el subdesarrollo en las regiones donde hay cultivos influye en la deforestación. “Estas regiones no son subdesarrolladas porque tengan cultivos de coca, sino que tienen cultivos de coca porque están subdesarrolladas, por la falta de acceso a mercados y a la pobreza (…) En los sitios donde no hay condiciones de desarrollo es donde la deforestación se dispara. Es algo que queremos ver a fondo”, agrega.

Bosques del Pacífico, amenazados

Para el período de cinco años analizado se concluyó que sólo en el sur se perdieron 14.322 kilómetros cuadrados de bosque (ver mapa), una porción mayor que la isla de Jamaica, que mide en su totalidad 11.190 kilómetros cuadrados.

El panorama es similar en los bosques andinos de la zona centro, “únicos en el mundo”, según explica la experta. Allí desaparecieron 13.630 kilómetros cuadrados que se suman a los 1.160 kilómetros de bosque perdido en el norte y a los 291 kilómetros cuadrados en el Pacífico. “Suena poco, pero como allí queda tan poco bosque, el efecto es devastador”, asegura la investigadora.

En el Pacífico, según Dávalos, hay un frente de colonización gigante. “Preocupa la biodiversidad en Nariño y Cauca, zonas con bosques riquísimos, importantes e irremplazables y en donde la tasa de deforestación está aumentando”.

Esta zona ha tenido un aislamiento geográfico por miles de años y ha dado lugar a especies que no se encuentran en otras regiones de Colombia. Allí fueron descubiertas hace algunos años una nueva especie de murciélago y otra de colibrí, que también están amenazadas por los efectos de los cultivos de coca y la deforestación.

“Es triste. Son cientos de especies y miles de plantas que existen, la mayoría sin estudiar”, resalta Liliana Dávalos quien advierte que las consecuencias van más allá de la pérdida de la biodiversidad: deterioro de la calidad de vida de los habitantes, derrumbes, inundaciones y cambios en los flujos hídricos. “Estamos jugando con fuego”, agrega.

El estudio concluyó que las zonas protegidas sí frenan la deforestación, aunque no significa que no ocurra. De hecho, ayuda a mitigar el problema, sin embargo, a simple vista el porcentaje de zonas protegidas sigue siendo pequeño. Los esfuerzos deben ser más grandes.

http://www.semana.com/noticias-nacion/colombia-ha-perdido-bosques-equivalente-dos-veces-media-isla-jamaica/152260.aspx

Todo empezó en Envigado

Posted: February 14, 2011 in Colombia

Judicial |12 Feb 2011 – 9:00 pm

El renacer de la parapolítica en Antioquia

Por: María del Rosario Arrázola
La Corte Suprema de Justicia quiere aclarar de dónde surgió y cómo creció el paramilitarismo en Antioquia.

Carlos Castaño, asesinado

Castaño, oriundo de Amalfi (Antioquia), llegó a liderar el movimiento de las autodefensas. Fue asesinado en 2004.

Alas-Equipo Colombia, un extraño caso. Desde 1997 a la fecha, la refundación del Estado estaba en marcha.

La primera plataforma política de penetración a los órganos legislativos se llamó Movimiento de Renovación Liberal y el escenario donde se experimentó la captura del poder local fue el municipio de Envigado. Hasta estas evidencias, ocurridas en los años 80, en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria y su letal invento de las oficinas de cobro, se dirigen ahora las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, en su propósito de aclarar de una vez por todas la cronología, las conexiones y el mapa de la parapolítica en Antioquia.

Con la colaboración de los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, desde cárceles de Estados Unidos; y otro grupo de exintegrantes de las autodefensas detenidos en Colombia, la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a llegar a fondo en la explicación judicial de un largo proceso de infiltración del delito en las instituciones colombianas, y ello explica el súbito aumento de políticos antioqueños citados para explicar hasta dónde pudo llegar el narcoparamilitarismo.

Una pesquisa que comienza en las listas del Movimiento de Renovación Liberal que llevó a la Cámara de Representantes a Pablo Escobar en 1982 y, sin que trascendiera mucho, tuvo comando departamental, coordinadores de zona, jefes de debate y elegidos en diversas instancias de Antioquia. Pero sin duda, el modelo de penetración de la mafia al Estado fue el municipio de Envigado. No sólo porque se convirtió en la trinchera del jefe del cartel de Medellín, sino también en el laboratorio para su expansión “legal” y delincuencial.

Hace 25 años, el primero que lo tuvo claro fue el juez Tulio Manuel Castro, quien indagando el homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara, constató cómo en el Concejo de Envigado figuraban tres miembros del Movimiento de Renovación Liberal que tuvieron permanente comunicación con los asesinos. Rubén Darío Londoño Vásquez, alias La Yuca; Juan Fernando Maya Restrepo y Alba Marina Escobar, esta última hermana del capo. Desafortunadamente, el juez Castro fue asesinado y su investigación no fue continuada.

Como tampoco se neutralizaron otras modalidades de infiltración mafiosa. El Departamento de Orden Ciudadano de Envigado, un aparato de atribuciones “policiales”, algunos de cuyos miembros terminaron aplicando justicia por mano propia, mimetizándose también en las oficinas de tránsito para acceder a matrículas de vehículos, pases de conducción o realización de retenes. En esas vueltas, y apenas hoy empieza a aclararlo la Corte, ya estaba Daniel Mejía, alias Danielito, quien llegó a ser uno de los matones del paramilitarismo.

Escobar y sus socios lo controlaban todo. Era un secreto a voces que la alcaldía de Jorge Mesa nunca se opuso y que buena parte del poder judicial en Antioquia tampoco. En la calle, el capo también ideó un perverso esquema de control que con los años se vino a conocer como la ‘Oficina de Envigado’. Una especie de justicia en los bajos fondos con “tributos” y pena capital para quien quisiera delinquir. La lideró el dirigente deportivo Gustavo Upegui, pero salvo algunas semanas en la cárcel, hasta su muerte en 2006, pasó de agache.

Este modelo, con extensiones de impunidad hasta los municipios vecinos del Valle de Aburrá, fue la base de la expansión paramilitar después de la muerte de Pablo Escobar en 1993. En sus confesiones al antropólogo Aldo Cívico, en su libro Las guerras de Doblecero, el subteniente retirado del Ejército Carlos Mauricio García, quien llegara a ser el jefe del bloque Metro en Medellín, admitió que eso fue lo que hizo el nuevo jefe: Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Controlar todas las bandas delincuenciales con su oficina de cobro.

Don Berna, antiguo aliado del narcotraficante Fernando Galeano, se impuso sobre todos. Pero no lo hizo solo. Desde Urabá y en las entrañas de Medellín lo apoyaron los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño. En el bajo Cauca lo hizo Ramiro Vanoy, alias Cuco, y en el Magdalena Medio, Ramón Isaza. Muerto Escobar, de la mano de las Cooperativas de Seguridad Rural que le sirvieron de mámpara, se fue desdoblando la estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo demás fue replicar el modelo.

En el libro Paracos, del periodista Alfredo Serrano, Don Berna admite que 1994 fue clave para la organización. Ese año consolidó con los Castaño la expansión paramilitar y entró a trabajar con tres personajes claves de su objetivo: Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, y Ramiro Vanoy. Entre ellos ya se movía Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Y poco a poco fueron llegando otros jefes como los hermanos Fredy, Daniel y Jairo Rendón Herrera, así como Rodrigo y Guillermo Pérez Alzate.

Desde Urabá, pasando por el nordeste y el Magdalena Medio hasta oriente y el suroeste, el paramilitarismo impuso su Talión en Antioquia. Y lo hizo con la misma estrategia que la Corte Suprema de Justicia hoy está dispuesta a aclarar: apoyado por políticos y miembros de la Fuerza Pública, financiado por algunos empresarios y ganaderos, fortalecido con los dineros de la droga y penetrando al Poder Judicial. Muchos investigadores, fiscales y jueces que se opusieron, o terminaron en el exilio o insubsistentes o fueron asesinados.

En 1997, cobró forma la organización Autodefensas Unidas de Colombia, y lo que nació como un laboratorio de ilegalidad en Envigado en los años 80, desde Antioquia, bajo la égida de los Castaño, Don Berna, Doblecero, Cuco Vanoy, Macaco o Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, se empezó a proyectar a Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y poco a poco hasta abarcar al país. Los socios paramilitares fueron aumentando y como lo ha sustentado la investigadora Claudia López, se impuso también la fórmula de los distritos electorales.

Las votaciones atípicas, la consolidación de movimientos políticos emergentes, los pactos non sanctos para acceder a las corporaciones legislativas, la apropiación de dineros públicos a través de los contratos y, a mediados de 2001, el punto más alto de su estrategia impune: el pacto de Santa Fe de Ralito para la “refundación de la patria”. Todo eso se hizo porque hubo apoyo político. En varios departamentos de la Costa Atlántica el asunto fue tan notorio que a la justicia no le costó mucho tiempo aclararlo. Pero la Corte quiere ir más allá.

Como lo comentó una fuente a El Espectador, se van a revisar todos los departamentos de Colombia. Pero por estos días la clase política de Antioquia tiembla. Por sus vínculos con Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, y el proyecto “Movimiento político por una Urabá grande, unida y en paz”, ya fue condenado el exsenador Rubén Darío Quintero. La misma suerte le cupo a la exrepresentante a la Cámara Rocío Arias por sus vínculos con Don Berna. Y Carlos Arturo Clavijo anda en las mismas por cuenta de alias Ernesto Báez.

Pero detrás de ellos hay un interrogante con nombre propio: el movimiento Alas-Equipo Colombia. Un exitoso proyecto político que en las elecciones de 2002 no sólo logró la primera votación al Senado con Luis Alfredo Ramos, sino que en las elecciones locales alcanzó un alto número de alcaldías, ganando espacio en territorios donde el conservatismo tradicional era mayoría. Como segunda fuerza, otro grupo no tradicional: el movimiento de Renovación Acción Laboral, encabezado por el exsenador liberal Mario Uribe Escobar.

Hoy, Alas-Equipo Colombia es una plataforma en la mira judicial. El exsenador Antonio Valencia Duque está preso y los testimonios de los paramilitares señalan que su victoria electoral obedeció al apoyo de las autodefensas. Según estableció El Espectador, ya aceptó acogerse a sentencia anticipada, lo cual implica que asumió su responsabilidad. Y por la misma vía cayó preso el representante Luis Carlos Restrepo Orozco, quien aún se defiende de las imputaciones por su presunta cercana relación con el narcotraficante alias Rasguño.

Cuatro dirigentes políticos de la región de Urabá se repartieron una curul del Congreso entre 2002 y 2006, y ahora responden ante la justicia por las mismas causas: extrañas alianzas con el exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera. Son Manuel Darío Ávila, Estanislao Ortiz, Jesús Enrique Doval y César Augusto Andrade, llamados popularmente “los cuatrillizos”. Avalados por Rubén Darío Quintero y encartados con la justicia por los mismos hechos: presuntos pactos con los grupos de autodefensas.

En medio de la redada está Mario Uribe Escobar. Surgido de las entrañas del Partido Liberal del entonces todopoderoso Bernardo Guerra Serna en los años 80, junto con su primo, el expresidente Álvaro Uribe, constituyó una disidencia que lo llevó a la Cámara en 1986. Llegó a la Presidencia del Congreso en tiempos de Andrés Pastrana y preparaba su retiro político cuando entró en desgracia. Un testigo llamado Pitirri lo señala, y desde Estados Unidos, El Tuso Sierra también lo deja mal parado. Seguramente esta semana se conocerá su suerte.

Pero la Corte no para y, según estableció El Espectador, ya avanza en otros campos sobre pistas seguras. Sabe, por ejemplo, que además de Fredy (El Alemán) y Daniel Rendón (Don Mario), hay un tercer hermano llamado Jairo de Jesús, conocido con el alias de Germán Monsalve. Y tiene claro que colabora activamente con la justicia de Estados Unidos. Los investigadores de la Corte aspiran a que también lo haga en Colombia. El Tuso Sierra y Don Berna no quieren guardarse nada y el alto tribunal está dispuesto a hacer justicia.

Se está revisando todo. Los nombramientos de notarios, los negocios de tierras, las listas políticas, los contratos con el Estado, las relaciones con la Fuerza Pública. La Corte tiene claro que si bien hubo Castaños o Rendón desde Amalfi, Ramón Isaza en el Magdalena Medio, Cuco Vanoy o Macaco en el bajo Cauca, H.H. en Urabá o Don Berna en las entrañas del Valle de Aburrá, también hubo políticos que se dejaron seducir por el poder criminal, replicando la fórmula que hace un cuarto de siglo acuñó Pablo Escobar: el modelo Envigado.

El proceso por parapolítica contra Mario Uribe

La investigación en contra del exsenador Mario Uribe por sus presuntos nexos con el paramilitarismo en Córdoba comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria.

Las pesquisas empezaron por los testimonios aportados por varios exparamilitares, entre ellos alias Gomelo, Pantera, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que Uribe se reunió con algunos de ellos con el fin de comprar tierras baratas en Córdoba y llegar al Senado en 2002.

Estos testimonios sirvieron para que la Corte expidiera orden de captura en su contra el 22 de abril de 2008. Al conocer la decisión, Uribe solicitó asilo político en Costa Rica, recurso que le negaron, por lo que se entregó a las autoridades y acabó detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia decidirá en las próximas semanas si lo condena o absuelve.

Los pasos de Rocío Arias por la justicia

Después de que entrara sin ninguna experiencia política al Congreso como representante a la Cámara para el período que empezaba en el año 2002, la periodista, Rocío Arias empezó a ser señalada de ser una de las legisladoras impuestas por jefes de las autodefensas como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy. Su discurso en el Congreso sorprendía por sus debates en la no extradición de narcoparamilitares a Estados Unidos y la constante promoción de la Ley de Justicia y Paz que, sin duda, beneficiaría a los paramilitares desmovilizados.

Una investigación en contra de Arias haría que ésta se acogiera a sentencia anticipada en 2008, razón por la cual un juez la condenó a 45 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. En 2010, la excongresista fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría a 20 años para ejercer cargos públicos por sus demostrados nexos con las Auc.

Nuevas investigaciones preliminares por parapolítica

La Corte Suprema solicitó al Congreso que certifique en qué momento pertenecieron o desde cuando integran el Poder Legislativo la senadora Olga Suárez Mira, el supernotariado Jorge Enrique Vélez, el representante José Mesa y el exrepresentante William Vélez. Las averiguaciones de la Corte obedecen a los testimonios que han venido dando los paramilitares Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, y los hermanos Daniel y Freddy Rendón Herrera, más conocidos como alias ‘Don Mario’ y alias ‘El Alemán’.

De igual modo, abrió investigación preliminar contra el actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y el congresista Guillermo Gaviria Zapata. Ademas aseguró a Óscar Suárez Mira.

 

http://elespectador.com/impreso/judicial/articulo-250558-todo-empezo-envigado

¿Premio de paz?

Posted: February 7, 2011 in Colombia

Por: José Obdulio Gaviria | 7:35 p.m. | 01 de Febrero del 2011

Invité a mi programa de TV (Cable Noticias, domingos 8 p.m.) a Jaime Restrepo, líder de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla. Casi me da un patatús con su primera afirmación: “El Premio Nacional de Paz (2010) fue otorgado a las Farc”. No moché de tajo la grabación porque Jaime es persona documentada; a cualquiera otro, seguro, lo habría mandado a freír espárragos.

-La ACVC, dijo, Premio Nacional de Paz 2010, es de las Farc.

-No te creo, Jaime. Se te está yendo la mano en suspicacia, o, peor, en macartismo.

-Hablo con pruebas, ripostó Jaime. Y, efectivamente, presentó tal cúmulo, que me dejó frío: piezas judiciales, entrevistas de guerrilleros desmovilizados, fotografías de locales de la asociación con carteleras informativas de las Farc… un testimonio impresionante es el de Hernando Naranjo, campesino anciano, quien hace esta acusación sin atenuantes: “A mí me desplazó la ACVC, que es de la misma guerrilla de las Farc” (ver http://bit.ly/g4lvAP y http://bit.ly/hmi9be).

La reacción ante este tipo de acusaciones es variopinta. Usted mismo, lector, compruébelo: 1) Puede que lo embargue el escepticismo y piense que se trata de exageraciones. 2) Puede que se indigne: a) porque crea que el informe es un montaje de la extrema derecha; b) porque crea que la información recaudada es cierta y es inaceptable que la sociedad civil haga ese homenaje a camaradas, ‘parceros’, de ‘Pastor Alape’, miembro del secretariado de las Farc. 3) Puede que no sopese la información, sino que la rechace instintivamente, simple y llanamente porque la comunico yo. 5) Puede que esté automáticamente asombrado e indignado, porque, simple y llanamente siempre está de acuerdo conmigo. 6) Puede que esté feliz porque piense: ¡muy bueno que la ‘insurgencia’ les gane una a esos ‘malandros’ del establecimiento capitalista! 7) Puede que -si es un soldado o policía- piense que es mejor ir pensando en cambiar de profesión. 8 ) Puede que… digamos, mejor, etcétera…

Hasta mayo del 2002 -cuando triunfó en las urnas la política de seguridad democrática- era muy bien visto tener condescendencia verbal y trato social con el terrorismo. De hecho, ‘terrorista’ era palabra en desuso; lo in era decir ‘insurgente’, ‘actor’, guerrillero, paramilitar.

A pesar de que hubo ocho años de discurso directo, de expresiones rudas y descalificadoras de las organizaciones terroristas, como que no fueron suficientes. Al contrario, muchos publicistas están de plácemes dizque porque ya no se ‘insulta’ a los ‘actores armados’, con lo que, piensan, se dará ‘una nueva oportunidad a la paz’.

¿Sería ese el criterio de quienes decidieron galardonar a la ACVC? ¿Se trató, acaso, de un guiño a las Farc? Grave si eso ocurrió. Cualquier fuerza militar necesita mantener el espíritu de lucha. La prédica de la seguridad democrática horadó la moral de los guerrilleros y generó su desmovilización masiva. Ahora, en cambio, parecería que lo que se quiere es la desmovilización de la fuerza pública; es decir, el regreso al infierno caguanero: carreteras sin tráfico, comunas ciudadanas perdidas, cascos urbanos abandonados, sillas universitarias vacías, huida de la inversión, del turismo…

Creo que un jurado tan calificado como el que otorga el premio, bien podría enmendar el error y castigar el engaño, anulando el galardón de la ACVC. Es que es su propio ex presidente, Álvaro Manzano, quien en el acta de su desmovilización de las Farc, dijo: “Mi misión era respaldar las decisiones y proyectos de la ACVC. Para comunicar y coordinar las actividades (a) realizar, lo hacían (las Farc) a través de GILBERTO GUERRA HERNÁNDEZ (…) vocero del Bloque Magdalena Medio de las Farc y quien dirige la Asociación por orden de alias ‘Pastor Alape’…

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/josobduliogaviria/premio-de-paz_8812663-4

Por: INFORME DE PLINIO APULEYO MENDOZA | 9:14 p.m. | 25 de Enero del 2011

Una imágen de la Vírgen, en el jardín, acampaña el pabellón los ‘parapolíticos’.

Foto: Iván Federico Puyo / EL TIEMPO

Comparte este artículo

‘Somos inocentes, víctimas de falsos testigos’: ex funcionarios cercanos a Uribe. ¿Cierto o falso?

Hace algún tiempo era un pabellón donde se hacinaban leprosos, tuberculosos y enfermos mentales. Las aguas negras de los baños eran arrojadas a una zanja vecina, de modo que cuando soplaba el viento de sur a norte el hedor era insoportable. Las celdas se llenaban de moscas, mosquitos y pulgas.

Hoy, aunque esas condiciones sanitarias han cambiado, el pabellón Ere sur, situado en un apartado confín de La Picota, sigue siendo un Establecimiento de Reclusión Especial. Es una vetusta construcción de dos plantas, con celdas alineadas a lo largo de sus corredores, que se abren en forma de U en torno a un hermoso jardín en medio del cual se levanta una imagen de la Virgen María.

Quienes en los días de sol se pasean por el prado, en torno a los canteros de flores, vestidos con ropas informales como si se hallaran un domingo en una finca de recreo, no son ya los leprosos, tuberculosos o dementes de otro tiempo, sino ex parlamentarios, ex ministros, ex gobernadores o funcionarios que ocupaban altos cargos en el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Su retención o su condena por delitos relacionados con la ‘parapolítica’ no suelen ser cuestionadas por la opinión pública.
Primero, porque son medidas o fallos que provienen de jueces o de la propia Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad ha sido tradicionalmente respetada.

Segundo, porque está bien afincada entre los colombianos la certidumbre de que los ‘paras’, culpables de atroces delitos, aprovecharon su presencia y poder en muchas regiones del país para dar apoyo a ciertos candidatos y dirigentes políticos. Y, finalmente, porque los medios de comunicación, guiados siempre por un afán de primicia informativa, rara vez se toman el trabajo de explorar los fundamentos de denuncias, detenciones y condenas.

Esta coalición de factores está permitiendo entre nosotros el reino de la injusticia. Quienes ingresan al Pabellón Ere de La Picota quedan al poco tiempo sumidos en el olvido. Se da por sentado que las razones que los mantienen allí detenidos o cumpliendo una condena son válidas. Por algún motivo, antiguos parlamentarios, gobernadores y funcionarios se encuentran allí, suelen pensar los colombianos. “Cuando el río suena, piedras lleva”, dicen. Y para colmo, quienes llevan las de perder son los personajes del Pabellón Ere que insisten en su inocencia. En cambio, los autores de masacres y crímenes que confiesan su culpabilidad acogiéndose a lo dispuesto por la Ley de Justicia y Paz están a punto de quedar en libertad gracias a las rebajas obtenidas.

“Nuestro Auschwitz”

Muchos de estos olvidados son víctimas de la guerra que se produjo entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe; guerra sin cuartel cuyo costo para la justicia ha sido enorme.
Estalló en el 2006 y tuvo como causa las tutelas que la Corte Constitucional aceptaba y tramitaba contra los fallos de la Corte Suprema. Los magistrados de esta última esperaban que el presidente presentara una reforma de la Constitución capaz de poner fin a una situación, para ellos vejatoria y sin precedentes en la historia judicial del país. El hecho es que Uribe permaneció fiel a la vigencia de la tutela. ¡Y ahí fue Troya!

Convertida en enemiga del presidente, la Corte Suprema puso en su mira a los amigos del Gobierno. Como consecuencia de confiadas disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, quienes se acogen a esta se han convertido para los medios de comunicación y para la Corte y la Fiscalía en portadores de revelaciones incontrovertibles.

Para no perder en esta guerra ninguna de sus armas, la Corte Suprema se ha adjudicado la competencia de juzgar a quienes no son hoy parlamentarios, contrariando lo dispuesto por el artículo 235 de la Constitución, que sólo la autoriza a investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Y, finalmente, mediante la implementación de las teorías de imputación objetiva, ha hecho extensiva a los congresistas o ex congresistas juzgados o condenados por su Sala Penal la autoría de los delitos cometidos por los paramilitares, estableciendo un arbitrario nexo entre el atribuido concierto para delinquir con fines electorales y crímenes de lesa humanidad que son castigados con 40 años de prisión, sin importar las flaquezas probatorias con que se produjeron las condenas.

“Para quienes no conocen lo que estamos viviendo, este pabellón es nuestro Auschwitz”, le oí decir a Álvaro Araújo Castro pocos días antes de que una segunda isquemia cerebral dejara su vida colgada de un hilo y fuera trasladado a Valledupar, donde permaneció varios meses en la cárcel de esta ciudad hasta que, dados sus problemas de salud, le fuera concedida la residencia por cárcel.

Según lo declaró Francisco Santos la víspera de dejar su cargo de Vicepresidente, en los procesos de estos olvidados lo que parece haber desaparecido es la presunción de inocencia. “Bastan indicios sin pruebas para condenar a una persona”, dijo. Y esos indicios se limitan con frecuencia a testimonios de personajes de dudosa catadura moral, cuando no de reconocidos delincuentes que en unos casos actúan por venganza y en otros, por dinero pagado a veces por narcotraficantes o por rivales políticos de un candidato interesado en sacarlo del medio mediante una denuncia.
También hay falsos testimonios de delincuentes que buscan una rebaja de penas y obtener el tratamiento privilegiado de testigos protegidos, a veces con residencia en el exterior.

Este último fue el caso de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, cuando una declaración suya, sumada a otra igualmente falsa de Mancuso, sirvió de base para la detención del ex senador Mario Uribe Escobar. Jefe de una banda llamada ‘Los cuatro matones’, que asaltaba fincas en Córdoba y sobre todo en la región sucreña de La Mojana, ‘Pitirri’ declaró que como comandante paramilitar (nunca lo fue) había sostenido con Uribe dos reuniones, una en Sahagún, Córdoba, y otra en Caucasia, Antioquia, con el fin de adquirir en La Mojana tierras a bajo precio gracias a sus asaltos y al asesinato de propietarios. Aunque el vicefiscal de entonces, Guillermo Mendoza Diago, pudo comprobar que Uribe jamás pisó
La Mojana, ni conoció a ‘Pitirri’, ni adquirió allí propiedades, el hecho escandaloso es que hoy el ex senador y primo del presidente Uribe permanece detenido en La Picota, mientras ‘Pitirri’ logró con sus mentiras ser enviado a Canadá como testigo protegido y allí vive con 43 parientes suyos.

Venganza de un jefe ‘para’

Seguramente la detención de Mario Uribe obedece hoy a otro cargo: el de haberse reunido con Salvatore Mancuso para formalizar un presunto acuerdo electoral con él y con Eleanora Pineda, encaminado en obtener el apoyo de los paramilitares en las elecciones del Congreso en el año 2002. La reunión con Mancuso tuvo lugar, en efecto, pero no antes de dichas elecciones, sino después, y obedeció al deseo del jefe paramilitar de hacer llegar a Álvaro Uribe, entonces el candidato presidencial con mayores opciones de triunfo, un mensaje relacionado con su posible desmovilización. ¿Qué movió a Mancuso para dar, tiempo más tarde, el falso testimonio que mantiene detenido a Mario Uribe Escobar? Algo que ha sido sustento de muchas otras falsas imputaciones: la venganza.

Indignado por haber sido trasladado de su agradable confinamiento en El Realito a la cárcel de alta seguridad de La Ceja, Mancuso, según sus propias palabras, amenazó con desencadenar un tsunami político acusando de complicidad con los paras al actual presidente Juan Manuel Santos, a Francisco Santos y a Mario Uribe. Los cargos contra los dos primeros fueron desechados, pero la Corte le dio validez al que involucraba al primo del presidente Uribe.

Desde el momento en que toda supuesta confesión de un paramilitar o de un delincuente común es vista como una revelación, la venganza obtiene casi siempre resultados. El deseo de vengarse de quien lo había denunciado y hecho detener, movió a Rafael García a dar un falso testimonio contra su jefe, Jorge Noguera, director del DAS. Igual retaliación empujó al ex sargento Segundo Guzmán a presentar como aliado de los paramilitares al coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Excelente oficial, condecorado en 1999 como el mejor combatiente de América, Mejía Gutiérrez había hecho detener a Guzmán, su subordinado en el Batallón de Valledupar, cuando descubrió que este sustraía cartuchos de la guarnición para vendérselos a los grupos armados irregulares.
Hoy, gracias a sus falsos testimonios, los dos delincuentes están libres y quienes los denunciaron y llevaron a la prisión siguen detenidos.

Dinero y prebendas mueven a otros falsos testigos. Cuando parecía seguro de que, por falta de pruebas, el ex senador Álvaro Araújo Castro iba a ser declarado inocente por la Juez Quinta especializada, el testimonio de última hora dado por una desconocida llamada Dioselina Ramírez, que nunca apareció en la etapa de investigación, sirvió de sustento para que la Corte lo condenara a nueve años y cuatro meses de cárcel y a una multa de 3.700 millones de pesos, después de arrebatar competencia a la juez mediante jurisprudencia de aplicación retroactiva y sin haberlo juzgado.

En su declaración, Dioselina Ramírez afirmó que alguna vez había visto a Araújo hablando con el hermano de un paramilitar, pero también bajo juramento aceptó que quien había tomado contacto con ella, el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez (acusado penalmente Araújo de ocultamiento de pruebas), le había ofrecido enviarla al exterior como testigo protegido si hacía esta declaración. A Velásquez no pareció importarle que contra ella cursara una acusación por homicidio por la cual ya se esperaba sentencia. El caso es que, gracias a su endeble testimonio contra Araújo, Dioselina Ramírez se encuentra hoy en Canadá, como ‘Pitirri’, a pesar de haber sido condenada por homicidio.

Otros falsos testigos son movidos a veces por adversarios personales o políticos de un senador, pues este maligno recurso se ha convertido para algunos aspirantes al Congreso en una manera muy eficaz de eliminar adversarios con mayores opciones que las suyas. Siempre hay un delincuente dispuesto a declarar lo que se le pida por una suma de dinero.

Diálogos que no existieron

A los falsos testigos que merecen el crédito de jueces y magistrados se suman errores en los procesos investigativos. El más escandaloso de todos llevó al Pabellón Ere al senador boyacense Ciro Ramírez Pinzón. Jamás imaginó él que una simple y desprevenida llamada a su teléfono celular fuera el sustento del cargo de alianza con los paramilitares que los sepultaría en la cárcel. Un viejo amigo suyo, odontólogo en Moniquirá, le preguntaba si podía presentarle aquel fin de semana a un conocido suyo interesado en hablar con él. Ramírez no vio en aquella petición nada inquietante.

Lo que jamás llegó a sospechar es que dicha llamada telefónica había sido interceptada por la Dijín, pues el individuo que deseaba verlo era un presunto agente de los paramilitares. Por cierto, el encuentro con él nunca se produjo. Ramírez no llegó a conocerlo.
Y, por lo consiguiente, jamás llegó a imaginar entonces que un día la revista Semana publicaría nueve supuestas conversaciones suyas con el presunto paramilitar registradas y cedidas a la revista por los servicios de inteligencia. Detenido en el Pabellón Ere, debió esperar dos años para que los laboratorios de acústica de la Dijín y sus peritos en fonoaudiología confirmaran que la voz atribuida a él no era la suya. Y algo más grave: la transcripción de tales grabaciones había sido adulterada para colocar su nombre, cuando este jamás se había oído en ellas. Se trata, pues, de un fraude procesal cometido por los investigadores y no advertido ni sancionado por la Fiscalía.

No por ello Ciro Ramírez ha recobrado su libertad. Quedaba contra él el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Tal sindicación provenía de un individuo a quien, en otro juicio, un juez había calificado de “mitómano, drogadicto y alcohólico”. Ramírez nunca lo conoció. Decía haber escuchado un comentario muy comprometedor de dos ‘paras’ a propósito del senador. Pues bien: el juzgado encargado por la Corte de dar un fallo sobre el supuesto nexo de Ramírez con el narcotráfico acabó descalificándolo también por obra de 23 inconsistencias en su declaración. Ramírez fue finalmente absuelto el pasado 29 de diciembre, y es muy probable que la Corte Suprema de Justicia haga otro tanto al dar su fallo en torno al supuesto delito de concierto para delinquir, pues el testigo es el mismo personaje. Lo grave es que, en virtud de falsas grabaciones y de un mitómano, un honesto senador ha permanecido tres años en la cárcel.

La condena más escandalosa

Lo más grave es que por obra de esta clase de testigos, de falsas imputaciones y de flagrantes desvaríos en los procesos investigativos, se ha llegado a una condena tan escandalosa como la que ha impuesto 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega con base en dos testimonios.

El primero de ellos, suscrito con el falso nombre de Édgar Villarreal, proviene, en realidad, de un sujeto llamado Édgar Villamil, que para entonces se desempeñaba como cabo en un batallón de Infantería apostado en Granada, Meta. Villamil, que nunca compareció en las audiencias, afirmó haber sido enviado a Bogotá con un destacamento del mencionado batallón cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia y haber sido testigo de ajusticiamientos ordenados por Plazas. Ahora bien, nunca hubo tal destacamento enviado desde Granada y dos militares que se hallaban allí, el coronel Guillermo Valdés y el sargento Alfonso Velásquez, confirmaron que Villamil había seguido con ellos por televisión y radio los acontecimientos del Palacio de Justicia en Bogotá en aquel lugar del Meta donde prestaban sus servicios.

El otro testigo apareció también 22 años después de los hechos.
Se llama Tirso Sáenz y se encontraba en la cárcel de Cómbita pagando condenas que suman 102 años de prisión por delitos tales como homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento, etc., cuando, según él, le fueron ofrecidos beneficios económicos y carcelarios si hacía una declaración contra el coronel Plazas. Sáenz era cabo del Ejército cuando ocurrieron los acontecimientos del Palacio de Justicia, pero en aquel momento se hallaba preso por hurto y por consiguiente no pudo ser testigo de nada.

¿Quién tenía interés en pagar tales testimonios? No es difícil imaginarlo: por una parte, los narcotraficantes que fueron despojados de muchos de sus bienes cuando Plazas era cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y los abogados comunistas interesados en configurar crímenes de Estado para obtener, a favor de clientes suyos, millonarias indemnizaciones.

Tal es una dura y muy peligrosa realidad que no puede ser pasada por alto. Los casos citados son apenas unos cuantos al lado de muchos otros que muestran la misma fragilidad de las inculpaciones y la parcialidad de jueces y magistrados.
Cualesquiera de estas escandalosas grietas se advierten en el aberrante caso del general Jaime Alberto Uscátegui, en el proceso seguido al general Rito Alejo del Río, en los de los ex gobernadores Miguel Ángel Bermúdez, Jaime Bravo Motta o Salvador Arana y en otros numerosos detenidos del Pabellón Ere que sustentan su inocencia con sólidas razones.

El caso más estrafalario es el del ex representante por Vaupés Fabio Arango Torres, condenado a seis años de cárcel por un video que sus adversarios políticos hicieron llegar a la Corte, en el cual una indígena dice haber recibido veinte mil pesos por un voto a su favor.

¿Habrá manera de que una Fiscalía, libre al fin de las parcialidades y de los litigios que enfrentaron a la Corte Suprema con el presidente Uribe, revise estos casos? Esta esperanza surge ahora con la llegada de la fiscal Viviane Morales. Por otra parte, la Corte muestra ya señales de una nueva actitud al reconocer la inocencia de los parlamentarios del Tolima Carlos García Orejuela y Pompilio Avendaño.

Lo urgente hoy por parte de la Fiscalía es abrir de nuevo con imparcialidad y rigor expedientes que hoy parecen sembrados de sombras y dudas inquietantes. Los olvidados del Pabellón Ere así lo esperan.

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8800342.html

José Obdulio, el sofista

Posted: February 7, 2011 in Colombia

Opinión |6 Feb 2011 – 1:00 am

Alfredo Molano Bravo

Por: Alfredo Molano Bravo
JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, EN UN PROgrama de televisión que le dieron y desde donde le pone minas quiebrapatas a Santos, ha resuelto cargarla contra la figura de Reservas Campesinas (Ley 160 de 1994) y las Comunidades de Paz, acolitado por un señor Restrepo, de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla.

El argumento es simple: son organizaciones de las Farc. La evidencia: videos de personas que lo afirman. Punto. José Obdulio es un maestro del sofisma. Un publicista dogmático amparado en el poder de Uribe y miembro de esa escuela conocida y decadente que encabezan Plinio Apuleyo y Fernando Londoño. No es buen escritor como Plinio ni buen orador como Londoño, pero es mucho más cansón que los dos juntos.

José Obdulio está furioso porque el Premio Nacional de Paz fue otorgado a la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (ACVC). Por tanto, dice, se ha premiado a las Farc. No sé si la afirmación justifique un juicio de injuria y calumnia, porque es falsa, temeraria e insidiosa, como todas las que hace. Más aún, acusa veladamente al Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio (PPDMM) y al Banco Mundial de financiar a los campesinos del Cimitarra y así, a la guerrilla. Su razonamiento induce a cerrar el silogismo con una conclusión ridícula: la Compañía de Jesús y la banca mundial están apoyando la subversión. Pero además criminaliza a priori: Todo aquel que defienda a la Asociación, a cualquier ONG, e incluso a un gobierno extranjero que haya contribuido con el PPDMM, es un defensor de las Farc. Con idéntica lógica José Obdulio podría acusar a Uribe de simpatizar con la guerrilla por haber financiado a través de la Red Social los programas de Pacho de Roux, creador de los programas de paz y desarrollo en el Magdalena Medio que contribuyeron a mermar el derramamiento de sangre en la región. De Roux es hoy provincial de los jesuitas. Oír a José Obdulio es oír al siniestro Escobar Sierra, ministro de Gobierno de Turbay, acusando al Cinep a finales de los años 70, de ser un nido de comunistas, o a Rito Alejo del Río, a finales de los 90, gritando que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó estaba en el organigrama de la guerrilla.

Resbalar acusaciones por medio de silogismos, donde las premisas son gratuitas, nos permitiría decir que como en el Congreso hay paramilitares, el Congreso es paramilitar. Yo no sé —ni me corresponde investigar— si en tal o cual asociación, comunidad o reserva hay miembros de la guerrilla. Pero si los hubiera, nadie tiene derecho a decir que, por tanto, son organizaciones guerrilleras. Nadie puede afirmar, sin exponerse al ridículo, que los gremios de ganaderos son frentes de las Auc porque Visbal Martelo fue investigado en la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Tampoco puede afirmar que puesto que Miguel Cifuentes, miembro de la asociación del Cimitarra, estuvo detenido por presuntos vínculos con las Farc, los campesinos del Valle del Cimitarra sean una célula subversiva. Cínico y tramposo el argumento.

José Obdulio es ordinario y tosco, pero no bruto, y toda la acusación contra la ACVC es el primer tiro disparado contra la Ley de Tierras que el Gobierno presentará en marzo al Congreso. Para buen entendedor, como es Juan Camilo Restrepo, pocas palabras bastan para saber hacia dónde van las balas trazadoras. El caso es simple: si se resuelve el problema agrario, la guerra se debilita y así se demostraría que la Seguridad Democrática fue una estrategia brutal que no liquidó el conflicto, pero alimentó negocios. Las Reservas Campesinas no son, como dice el calanchín de José Obdulio, zonas de repliegue de las guerrillas para negociar coca. Son un mecanismo para que la tierra que llegue a ser devuelta a los campesinos no vuelva a caer en manos de los terratenientes unos años después, como siempre ha sucedido. Debe ser eso lo que le duele. Las Reservas Campesinas de El Pato, Calamar y Cabrera fueron financiadas con dineros del Banco Mundial, y el resultado de sus programas estudiado y valorado por la Universidad Javeriana.
Elespectador.com| Elespectador.com

 

http://elespectador.com/impreso/columna-249126-jose-obdulio-el-sofista

Por: EFE1:52 p.m. | 02 de Febrero del 2011

Sandra Bessudo

Documento busca garantizar uso y distribución equitativa de explotación de recursos genéticos.
Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La asesora presidencial colombiana sobre asuntos ambientales, Sandra Bessudo, fue la encargada de rubricar el documento en un acto en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Bessudo dijo a la agencia Efe que con este acto el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos quiere enviar “una señal política” a la comunidad internacional sobre la importancia de aprovechar de manera responsable la biodiversidad del planeta, del que Colombia es uno de los mayores exponentes.

“Es una invitación a los demás países para que vengan, firmen y ratifiquen lo antes posible este protocolo, que es fundamental para la seguridad y todo lo relacionado con la bioprospección y los recursos genéticos”, indicó la asesora presidencial.

El tratado suscrito por Colombia fue adoptado el pasado octubre en la cumbre de la ONU sobre la biodiversidad que se celebró en la ciudad japonesa de Nagoya y en la que también se alcanzaron nuevas metas para proteger los ecosistemas hasta 2020.

Según explicó Bessudo, el protocolo ofrece por primera vez un marco regulador global con relación al aprovechamiento de los recursos genéticos por parte de industrias como la medicina, la cosmética o la biotecnología, entre otras.

En países de alta biodiversidad como Colombia, las nuevas regulaciones garantizarán que los beneficios que generan esos recursos y los conocimientos ancestrales de que a menudo se sirven los investigadores para descubrirlos redunden en beneficios de las comunidades en donde se encuentran.

También permitirá combatir con mayor eficacia la biopiratería y la explotación de los pueblos indígenas, que generalmente no se benefician de los descubrimientos que se hacen en sus territorios, indicó Bessudo.

A juicio del Gobierno colombiano, el nuevo tratado permitirá que los países en desarrollo pueden beneficiarse de una manera equitativa de los recursos que produce su biodiversidad y evitar expoliaciones como han sufrido en el pasado.

Tras Colombia, se espera que hoy mismo otros países como Brasil y Yemen también suscriban el protocolo e inicien los pasos para que sea ratificado en sus respectivos parlamentos.Se necesita la participación en el tratado de al menos 50 países para que pueda entrar en vigor.

EFE

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/colombia-primero-en-firmar-protocolo-de-nagoya-sobre-biodiversidad_8815760-4