Los ‘parapolíticos’ siguen en el olvido del pabellón Ere de La Picota

Posted: February 7, 2011 in Colombia

Por: INFORME DE PLINIO APULEYO MENDOZA | 9:14 p.m. | 25 de Enero del 2011

Una imágen de la Vírgen, en el jardín, acampaña el pabellón los ‘parapolíticos’.

Foto: Iván Federico Puyo / EL TIEMPO

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‘Somos inocentes, víctimas de falsos testigos’: ex funcionarios cercanos a Uribe. ¿Cierto o falso?

Hace algún tiempo era un pabellón donde se hacinaban leprosos, tuberculosos y enfermos mentales. Las aguas negras de los baños eran arrojadas a una zanja vecina, de modo que cuando soplaba el viento de sur a norte el hedor era insoportable. Las celdas se llenaban de moscas, mosquitos y pulgas.

Hoy, aunque esas condiciones sanitarias han cambiado, el pabellón Ere sur, situado en un apartado confín de La Picota, sigue siendo un Establecimiento de Reclusión Especial. Es una vetusta construcción de dos plantas, con celdas alineadas a lo largo de sus corredores, que se abren en forma de U en torno a un hermoso jardín en medio del cual se levanta una imagen de la Virgen María.

Quienes en los días de sol se pasean por el prado, en torno a los canteros de flores, vestidos con ropas informales como si se hallaran un domingo en una finca de recreo, no son ya los leprosos, tuberculosos o dementes de otro tiempo, sino ex parlamentarios, ex ministros, ex gobernadores o funcionarios que ocupaban altos cargos en el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Su retención o su condena por delitos relacionados con la ‘parapolítica’ no suelen ser cuestionadas por la opinión pública.
Primero, porque son medidas o fallos que provienen de jueces o de la propia Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad ha sido tradicionalmente respetada.

Segundo, porque está bien afincada entre los colombianos la certidumbre de que los ‘paras’, culpables de atroces delitos, aprovecharon su presencia y poder en muchas regiones del país para dar apoyo a ciertos candidatos y dirigentes políticos. Y, finalmente, porque los medios de comunicación, guiados siempre por un afán de primicia informativa, rara vez se toman el trabajo de explorar los fundamentos de denuncias, detenciones y condenas.

Esta coalición de factores está permitiendo entre nosotros el reino de la injusticia. Quienes ingresan al Pabellón Ere de La Picota quedan al poco tiempo sumidos en el olvido. Se da por sentado que las razones que los mantienen allí detenidos o cumpliendo una condena son válidas. Por algún motivo, antiguos parlamentarios, gobernadores y funcionarios se encuentran allí, suelen pensar los colombianos. “Cuando el río suena, piedras lleva”, dicen. Y para colmo, quienes llevan las de perder son los personajes del Pabellón Ere que insisten en su inocencia. En cambio, los autores de masacres y crímenes que confiesan su culpabilidad acogiéndose a lo dispuesto por la Ley de Justicia y Paz están a punto de quedar en libertad gracias a las rebajas obtenidas.

“Nuestro Auschwitz”

Muchos de estos olvidados son víctimas de la guerra que se produjo entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe; guerra sin cuartel cuyo costo para la justicia ha sido enorme.
Estalló en el 2006 y tuvo como causa las tutelas que la Corte Constitucional aceptaba y tramitaba contra los fallos de la Corte Suprema. Los magistrados de esta última esperaban que el presidente presentara una reforma de la Constitución capaz de poner fin a una situación, para ellos vejatoria y sin precedentes en la historia judicial del país. El hecho es que Uribe permaneció fiel a la vigencia de la tutela. ¡Y ahí fue Troya!

Convertida en enemiga del presidente, la Corte Suprema puso en su mira a los amigos del Gobierno. Como consecuencia de confiadas disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, quienes se acogen a esta se han convertido para los medios de comunicación y para la Corte y la Fiscalía en portadores de revelaciones incontrovertibles.

Para no perder en esta guerra ninguna de sus armas, la Corte Suprema se ha adjudicado la competencia de juzgar a quienes no son hoy parlamentarios, contrariando lo dispuesto por el artículo 235 de la Constitución, que sólo la autoriza a investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Y, finalmente, mediante la implementación de las teorías de imputación objetiva, ha hecho extensiva a los congresistas o ex congresistas juzgados o condenados por su Sala Penal la autoría de los delitos cometidos por los paramilitares, estableciendo un arbitrario nexo entre el atribuido concierto para delinquir con fines electorales y crímenes de lesa humanidad que son castigados con 40 años de prisión, sin importar las flaquezas probatorias con que se produjeron las condenas.

“Para quienes no conocen lo que estamos viviendo, este pabellón es nuestro Auschwitz”, le oí decir a Álvaro Araújo Castro pocos días antes de que una segunda isquemia cerebral dejara su vida colgada de un hilo y fuera trasladado a Valledupar, donde permaneció varios meses en la cárcel de esta ciudad hasta que, dados sus problemas de salud, le fuera concedida la residencia por cárcel.

Según lo declaró Francisco Santos la víspera de dejar su cargo de Vicepresidente, en los procesos de estos olvidados lo que parece haber desaparecido es la presunción de inocencia. “Bastan indicios sin pruebas para condenar a una persona”, dijo. Y esos indicios se limitan con frecuencia a testimonios de personajes de dudosa catadura moral, cuando no de reconocidos delincuentes que en unos casos actúan por venganza y en otros, por dinero pagado a veces por narcotraficantes o por rivales políticos de un candidato interesado en sacarlo del medio mediante una denuncia.
También hay falsos testimonios de delincuentes que buscan una rebaja de penas y obtener el tratamiento privilegiado de testigos protegidos, a veces con residencia en el exterior.

Este último fue el caso de Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, cuando una declaración suya, sumada a otra igualmente falsa de Mancuso, sirvió de base para la detención del ex senador Mario Uribe Escobar. Jefe de una banda llamada ‘Los cuatro matones’, que asaltaba fincas en Córdoba y sobre todo en la región sucreña de La Mojana, ‘Pitirri’ declaró que como comandante paramilitar (nunca lo fue) había sostenido con Uribe dos reuniones, una en Sahagún, Córdoba, y otra en Caucasia, Antioquia, con el fin de adquirir en La Mojana tierras a bajo precio gracias a sus asaltos y al asesinato de propietarios. Aunque el vicefiscal de entonces, Guillermo Mendoza Diago, pudo comprobar que Uribe jamás pisó
La Mojana, ni conoció a ‘Pitirri’, ni adquirió allí propiedades, el hecho escandaloso es que hoy el ex senador y primo del presidente Uribe permanece detenido en La Picota, mientras ‘Pitirri’ logró con sus mentiras ser enviado a Canadá como testigo protegido y allí vive con 43 parientes suyos.

Venganza de un jefe ‘para’

Seguramente la detención de Mario Uribe obedece hoy a otro cargo: el de haberse reunido con Salvatore Mancuso para formalizar un presunto acuerdo electoral con él y con Eleanora Pineda, encaminado en obtener el apoyo de los paramilitares en las elecciones del Congreso en el año 2002. La reunión con Mancuso tuvo lugar, en efecto, pero no antes de dichas elecciones, sino después, y obedeció al deseo del jefe paramilitar de hacer llegar a Álvaro Uribe, entonces el candidato presidencial con mayores opciones de triunfo, un mensaje relacionado con su posible desmovilización. ¿Qué movió a Mancuso para dar, tiempo más tarde, el falso testimonio que mantiene detenido a Mario Uribe Escobar? Algo que ha sido sustento de muchas otras falsas imputaciones: la venganza.

Indignado por haber sido trasladado de su agradable confinamiento en El Realito a la cárcel de alta seguridad de La Ceja, Mancuso, según sus propias palabras, amenazó con desencadenar un tsunami político acusando de complicidad con los paras al actual presidente Juan Manuel Santos, a Francisco Santos y a Mario Uribe. Los cargos contra los dos primeros fueron desechados, pero la Corte le dio validez al que involucraba al primo del presidente Uribe.

Desde el momento en que toda supuesta confesión de un paramilitar o de un delincuente común es vista como una revelación, la venganza obtiene casi siempre resultados. El deseo de vengarse de quien lo había denunciado y hecho detener, movió a Rafael García a dar un falso testimonio contra su jefe, Jorge Noguera, director del DAS. Igual retaliación empujó al ex sargento Segundo Guzmán a presentar como aliado de los paramilitares al coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Excelente oficial, condecorado en 1999 como el mejor combatiente de América, Mejía Gutiérrez había hecho detener a Guzmán, su subordinado en el Batallón de Valledupar, cuando descubrió que este sustraía cartuchos de la guarnición para vendérselos a los grupos armados irregulares.
Hoy, gracias a sus falsos testimonios, los dos delincuentes están libres y quienes los denunciaron y llevaron a la prisión siguen detenidos.

Dinero y prebendas mueven a otros falsos testigos. Cuando parecía seguro de que, por falta de pruebas, el ex senador Álvaro Araújo Castro iba a ser declarado inocente por la Juez Quinta especializada, el testimonio de última hora dado por una desconocida llamada Dioselina Ramírez, que nunca apareció en la etapa de investigación, sirvió de sustento para que la Corte lo condenara a nueve años y cuatro meses de cárcel y a una multa de 3.700 millones de pesos, después de arrebatar competencia a la juez mediante jurisprudencia de aplicación retroactiva y sin haberlo juzgado.

En su declaración, Dioselina Ramírez afirmó que alguna vez había visto a Araújo hablando con el hermano de un paramilitar, pero también bajo juramento aceptó que quien había tomado contacto con ella, el magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez (acusado penalmente Araújo de ocultamiento de pruebas), le había ofrecido enviarla al exterior como testigo protegido si hacía esta declaración. A Velásquez no pareció importarle que contra ella cursara una acusación por homicidio por la cual ya se esperaba sentencia. El caso es que, gracias a su endeble testimonio contra Araújo, Dioselina Ramírez se encuentra hoy en Canadá, como ‘Pitirri’, a pesar de haber sido condenada por homicidio.

Otros falsos testigos son movidos a veces por adversarios personales o políticos de un senador, pues este maligno recurso se ha convertido para algunos aspirantes al Congreso en una manera muy eficaz de eliminar adversarios con mayores opciones que las suyas. Siempre hay un delincuente dispuesto a declarar lo que se le pida por una suma de dinero.

Diálogos que no existieron

A los falsos testigos que merecen el crédito de jueces y magistrados se suman errores en los procesos investigativos. El más escandaloso de todos llevó al Pabellón Ere al senador boyacense Ciro Ramírez Pinzón. Jamás imaginó él que una simple y desprevenida llamada a su teléfono celular fuera el sustento del cargo de alianza con los paramilitares que los sepultaría en la cárcel. Un viejo amigo suyo, odontólogo en Moniquirá, le preguntaba si podía presentarle aquel fin de semana a un conocido suyo interesado en hablar con él. Ramírez no vio en aquella petición nada inquietante.

Lo que jamás llegó a sospechar es que dicha llamada telefónica había sido interceptada por la Dijín, pues el individuo que deseaba verlo era un presunto agente de los paramilitares. Por cierto, el encuentro con él nunca se produjo. Ramírez no llegó a conocerlo.
Y, por lo consiguiente, jamás llegó a imaginar entonces que un día la revista Semana publicaría nueve supuestas conversaciones suyas con el presunto paramilitar registradas y cedidas a la revista por los servicios de inteligencia. Detenido en el Pabellón Ere, debió esperar dos años para que los laboratorios de acústica de la Dijín y sus peritos en fonoaudiología confirmaran que la voz atribuida a él no era la suya. Y algo más grave: la transcripción de tales grabaciones había sido adulterada para colocar su nombre, cuando este jamás se había oído en ellas. Se trata, pues, de un fraude procesal cometido por los investigadores y no advertido ni sancionado por la Fiscalía.

No por ello Ciro Ramírez ha recobrado su libertad. Quedaba contra él el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Tal sindicación provenía de un individuo a quien, en otro juicio, un juez había calificado de “mitómano, drogadicto y alcohólico”. Ramírez nunca lo conoció. Decía haber escuchado un comentario muy comprometedor de dos ‘paras’ a propósito del senador. Pues bien: el juzgado encargado por la Corte de dar un fallo sobre el supuesto nexo de Ramírez con el narcotráfico acabó descalificándolo también por obra de 23 inconsistencias en su declaración. Ramírez fue finalmente absuelto el pasado 29 de diciembre, y es muy probable que la Corte Suprema de Justicia haga otro tanto al dar su fallo en torno al supuesto delito de concierto para delinquir, pues el testigo es el mismo personaje. Lo grave es que, en virtud de falsas grabaciones y de un mitómano, un honesto senador ha permanecido tres años en la cárcel.

La condena más escandalosa

Lo más grave es que por obra de esta clase de testigos, de falsas imputaciones y de flagrantes desvaríos en los procesos investigativos, se ha llegado a una condena tan escandalosa como la que ha impuesto 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega con base en dos testimonios.

El primero de ellos, suscrito con el falso nombre de Édgar Villarreal, proviene, en realidad, de un sujeto llamado Édgar Villamil, que para entonces se desempeñaba como cabo en un batallón de Infantería apostado en Granada, Meta. Villamil, que nunca compareció en las audiencias, afirmó haber sido enviado a Bogotá con un destacamento del mencionado batallón cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia y haber sido testigo de ajusticiamientos ordenados por Plazas. Ahora bien, nunca hubo tal destacamento enviado desde Granada y dos militares que se hallaban allí, el coronel Guillermo Valdés y el sargento Alfonso Velásquez, confirmaron que Villamil había seguido con ellos por televisión y radio los acontecimientos del Palacio de Justicia en Bogotá en aquel lugar del Meta donde prestaban sus servicios.

El otro testigo apareció también 22 años después de los hechos.
Se llama Tirso Sáenz y se encontraba en la cárcel de Cómbita pagando condenas que suman 102 años de prisión por delitos tales como homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento, etc., cuando, según él, le fueron ofrecidos beneficios económicos y carcelarios si hacía una declaración contra el coronel Plazas. Sáenz era cabo del Ejército cuando ocurrieron los acontecimientos del Palacio de Justicia, pero en aquel momento se hallaba preso por hurto y por consiguiente no pudo ser testigo de nada.

¿Quién tenía interés en pagar tales testimonios? No es difícil imaginarlo: por una parte, los narcotraficantes que fueron despojados de muchos de sus bienes cuando Plazas era cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y los abogados comunistas interesados en configurar crímenes de Estado para obtener, a favor de clientes suyos, millonarias indemnizaciones.

Tal es una dura y muy peligrosa realidad que no puede ser pasada por alto. Los casos citados son apenas unos cuantos al lado de muchos otros que muestran la misma fragilidad de las inculpaciones y la parcialidad de jueces y magistrados.
Cualesquiera de estas escandalosas grietas se advierten en el aberrante caso del general Jaime Alberto Uscátegui, en el proceso seguido al general Rito Alejo del Río, en los de los ex gobernadores Miguel Ángel Bermúdez, Jaime Bravo Motta o Salvador Arana y en otros numerosos detenidos del Pabellón Ere que sustentan su inocencia con sólidas razones.

El caso más estrafalario es el del ex representante por Vaupés Fabio Arango Torres, condenado a seis años de cárcel por un video que sus adversarios políticos hicieron llegar a la Corte, en el cual una indígena dice haber recibido veinte mil pesos por un voto a su favor.

¿Habrá manera de que una Fiscalía, libre al fin de las parcialidades y de los litigios que enfrentaron a la Corte Suprema con el presidente Uribe, revise estos casos? Esta esperanza surge ahora con la llegada de la fiscal Viviane Morales. Por otra parte, la Corte muestra ya señales de una nueva actitud al reconocer la inocencia de los parlamentarios del Tolima Carlos García Orejuela y Pompilio Avendaño.

Lo urgente hoy por parte de la Fiscalía es abrir de nuevo con imparcialidad y rigor expedientes que hoy parecen sembrados de sombras y dudas inquietantes. Los olvidados del Pabellón Ere así lo esperan.

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8800342.html

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